El despido improcedente es una de las causas más frecuentes de litigiosidad en el ámbito laboral. Se considera improcedente cuando el empleador no justifica adecuadamente las causas del despido o cuando no se siguen los procedimientos legalmente establecidos. En España, el Estatuto de los Trabajadores regula este tipo de situaciones, estableciendo los derechos del trabajador despedido y las consecuencias para la empresa.
Concepto y regulación legal
El despido improcedente está regulado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Según esta norma, el despido será declarado improcedente cuando no se acrediten las causas alegadas o cuando no se respeten los requisitos formales exigidos por la ley.
Los despidos pueden clasificarse en disciplinarios y objetivos. Un despido disciplinario se produce cuando el trabajador incumple gravemente sus obligaciones (por ejemplo, faltas repetidas de asistencia sin justificación). Un despido objetivo, en cambio, se basa en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, si la empresa no prueba adecuadamente la causa alegada o no respeta los procedimientos legales, el despido puede ser calificado como improcedente.
Procedimiento de impugnación del despido
Cuando un trabajador considera que su despido es improcedente, dispone de un plazo de 20 días hábiles para impugnarlo ante el Juzgado de lo Social. Antes de presentar la demanda, es obligatorio interponer una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la comunidad autónoma correspondiente.
Si en el acto de conciliación no se alcanza un acuerdo, el trabajador puede interponer la demanda ante los tribunales. Si el juez declara el despido improcedente, la empresa deberá optar entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización.
Indemnización por despido improcedente
Si la empresa opta por no readmitir al trabajador, deberá abonarle una indemnización calculada de la siguiente manera:
- Para contratos posteriores al 12 de febrero de 2012: 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
- Para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012: 45 días de salario por año trabajado hasta esa fecha y 33 días por año trabajado a partir de entonces, con un límite de 42 mensualidades.
Conclusión
El despido improcedente otorga al trabajador una serie de derechos que deben ser protegidos mediante los cauces legales adecuados. La asistencia de un abogado especializado en derecho laboral es fundamental para garantizar el éxito de la reclamación y obtener la mejor indemnización posible o la reincorporación al puesto de trabajo.